El agua brota como el mayor
conflicto geopolítico del siglo xxi, ya que se espera que en el año 2025 la demanda de este elemento,
tan necesario para la vida humana, será un 56% superior al suministro... y
quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que
para los 6250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya
un 20% más de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser
considerada un bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes expresan que
es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la
soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de este
combate.
En la mayoría de las regiones, el
problema no es la falta de agua dulce potable, sino más bien la mala gestión y
distribución de los recursos hídricos y sus métodos. La mayor parte del agua
dulce se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad sustancial se
pierde en el proceso de riego. La mayoría de los sistemas de riego funcionan de
manera ineficiente, por lo que se pierde aproximadamente el 60 por ciento del
agua que se extrae, el cual se evapora o vuelve al cauce de los ríos o a los
acuíferos subterráneos. Los métodos de riego ineficientes entrañan sus propios
riesgos para la salud; así por ejemplo, el anegamiento de algunas zonas de Asia
Meridional es el determinante fundamental para la transmisión de la malaria,
situación que se reitera en muchas otras partes del mundo.
Este
recurso es un bien tan necesario que podría pasar a ser objeto de
enfrentamientos políticos si se le observa solo como un negocio, lo que
actualmente sucede con el embotellamiento del agua.
Entre 1970 y el 2000, la venta del
agua creció más de 80 veces. Hoy en día, la industria del agua se embolsa 200
000 millones de euros por la venta del agua embotellada, solo las
multinacionales francesas Vivendi y Suez controlan el 40% del mercado mundial
operando en más de 200 países de todo el mundo con el apoyo del BM, el FMI y la
OMC.
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